REPRESIÓN EN EL ESTADO ESPAÑOL
Desde el inicio de la crisis europea en el 2008 el Estado español,
siguiendo las directrices de la Unión Europea, ha impuesto una serie de
medidas de austeridad. La creciente tasa de desempleo, crisis en el
mercado inmobiliario, inflación, etc., han generado una respuesta masiva
por parte de la población más afectada, que se visibilizó sobre todo en
el llamado “15M” con ocupación de calles y plazas, bajo la consigna «no
nos representan».
Frente a esto actuaron las viejas y conocidas armas de la burguesía para intentar reconducir y detener la rabia social. Por un lado, la canalización democrática ciudadanista transformó aquella consigna en «no nos representan éstos», sobre todo a partir de Podemos, la alternativa parlamentarista por excelencia que ya cuenta con bancas en el parlamento europeo. Por otro lado, el Estado no dudó en reforzar el monopolio represivo, ampliando el campo legislativo para sancionar administrativamente a quienes participen u organicen todo tipo de actividades como protestas y manifestaciones. Está preparando el terreno para lo que acompañará a la crisis estructural, que va a profundizarse en los próximos años y que las medidas de austeridad no detendrán en lo más mínimo.
El Partido Popular pretende promulgar de hecho la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”. Esta ley, entre otras cosas, sancionará con multas de 30.000 a 600.000 euros la asistencia a reuniones o manifestaciones no anunciadas y/o ilegales; de 600 a 30.000 euros por difundir imágenes de la policía o por obstaculizar o intentar impedir un desahucio; o entre 100 y 600 euros por realizar una asamblea en un espacio público. Tras la aprobación en el Pleno del Congreso, la promulgación definitiva de la Ley de Seguridad Ciudadana está prevista para febrero de 2015. Básicamente, la ley convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo.
El Estado busca así complementar la represión física policial más visible por una no menos eficaz y desalentadora represión económica.
En este contexto, el pasado 16 de diciembre en el marco de la llamada Operación Pandora, fueron detenidos 11 anarquistas en Madrid y Barcelona. Esta operación represiva fue decretada por la Audiencia Nacional española (anteriormente conocida como Tribunal de Orden Público franquista). El inmenso despliegue policial, en el que trabajaron conjuntamente más de 700 agentes de Mossos d’Esquadra (policía catalana) y Guardia Civil, atacó una de las más viejas y representativas casas ocupadas de Barcelona, dos ateneos libertarios y los domicilios privados de las detenidas.
La operación se dio en el marco de una investigación sobre una presunta organización terrorista anarquista que, amparándose en el secreto de sumario y sin ningún sustento de evidencias ni acusaciones sobre hechos concretos, inculpa a los detenidos de formar parte de la misma y de realizar estragos y atentados con explosivos, además de la elaboración de materiales de agitación anarquista.
El 18 de diciembre, tras ser trasladados todos los detenidos a la Audiencia Nacional (institución especialista en terrorismo) en Madrid, se ha decidido sobre el curso de estas detenciones, aunque todos se negaron a declarar. Así, cuatro compañeros han salido a la calle teniendo que asistir semanalmente al juzgado y fijar domicilio; mientras que los restantes siete han quedado en prisión preventiva.
En relación a la operación, el gobierno español ha declarado y remarcado que ésta se dirige a los “anarquistas violentos” con la clara intención de presentar una división en torno al uso de la violencia al interior del movimiento anarquista.
Tampoco es casual que el día previo a la operación se reunieran los ministros del interior de Chile y España para coordinar un accionar conjunto contra el terrorismo y la delincuencia. Meses antes se había concretado un encuentro entre el ministro del interior español Jorge Fernández Días y la presidente chilena Michelle Bachelet, en el cual se acordó la firma de un convenio de colaboración policial, enfatizando la cooperación entre ambas policías en la lucha contra el terrorismo, y contemplando también programas de formación para la policía chilena bajo el mando de la guardia civil y la policía nacional española.
Estos hechos evidencian una vez más que en cualquier parte del mundo los Estados intentan presentar terroristas dentro y fuera de los territorios nacionales, no sólo para poder justificar guerras interburguesas sino también para ocultar que nuestro verdadero enemigo es el Capital y el Estado. Es por esto que nos solidarizamos con los compañeros del territorio español, y junto a ellos gritamos: ¡¡¡Terrorista es quien nos condena a una vida de miseria, no quien se rebela contra ella!!!
Frente a esto actuaron las viejas y conocidas armas de la burguesía para intentar reconducir y detener la rabia social. Por un lado, la canalización democrática ciudadanista transformó aquella consigna en «no nos representan éstos», sobre todo a partir de Podemos, la alternativa parlamentarista por excelencia que ya cuenta con bancas en el parlamento europeo. Por otro lado, el Estado no dudó en reforzar el monopolio represivo, ampliando el campo legislativo para sancionar administrativamente a quienes participen u organicen todo tipo de actividades como protestas y manifestaciones. Está preparando el terreno para lo que acompañará a la crisis estructural, que va a profundizarse en los próximos años y que las medidas de austeridad no detendrán en lo más mínimo.
El Partido Popular pretende promulgar de hecho la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como “ley mordaza”. Esta ley, entre otras cosas, sancionará con multas de 30.000 a 600.000 euros la asistencia a reuniones o manifestaciones no anunciadas y/o ilegales; de 600 a 30.000 euros por difundir imágenes de la policía o por obstaculizar o intentar impedir un desahucio; o entre 100 y 600 euros por realizar una asamblea en un espacio público. Tras la aprobación en el Pleno del Congreso, la promulgación definitiva de la Ley de Seguridad Ciudadana está prevista para febrero de 2015. Básicamente, la ley convierte en sanciones administrativas lo que antes eran faltas incluidas en el Código Penal y, por tanto, sometidas a control judicial previo.
El Estado busca así complementar la represión física policial más visible por una no menos eficaz y desalentadora represión económica.
En este contexto, el pasado 16 de diciembre en el marco de la llamada Operación Pandora, fueron detenidos 11 anarquistas en Madrid y Barcelona. Esta operación represiva fue decretada por la Audiencia Nacional española (anteriormente conocida como Tribunal de Orden Público franquista). El inmenso despliegue policial, en el que trabajaron conjuntamente más de 700 agentes de Mossos d’Esquadra (policía catalana) y Guardia Civil, atacó una de las más viejas y representativas casas ocupadas de Barcelona, dos ateneos libertarios y los domicilios privados de las detenidas.
La operación se dio en el marco de una investigación sobre una presunta organización terrorista anarquista que, amparándose en el secreto de sumario y sin ningún sustento de evidencias ni acusaciones sobre hechos concretos, inculpa a los detenidos de formar parte de la misma y de realizar estragos y atentados con explosivos, además de la elaboración de materiales de agitación anarquista.
El 18 de diciembre, tras ser trasladados todos los detenidos a la Audiencia Nacional (institución especialista en terrorismo) en Madrid, se ha decidido sobre el curso de estas detenciones, aunque todos se negaron a declarar. Así, cuatro compañeros han salido a la calle teniendo que asistir semanalmente al juzgado y fijar domicilio; mientras que los restantes siete han quedado en prisión preventiva.
En relación a la operación, el gobierno español ha declarado y remarcado que ésta se dirige a los “anarquistas violentos” con la clara intención de presentar una división en torno al uso de la violencia al interior del movimiento anarquista.
Tampoco es casual que el día previo a la operación se reunieran los ministros del interior de Chile y España para coordinar un accionar conjunto contra el terrorismo y la delincuencia. Meses antes se había concretado un encuentro entre el ministro del interior español Jorge Fernández Días y la presidente chilena Michelle Bachelet, en el cual se acordó la firma de un convenio de colaboración policial, enfatizando la cooperación entre ambas policías en la lucha contra el terrorismo, y contemplando también programas de formación para la policía chilena bajo el mando de la guardia civil y la policía nacional española.
Estos hechos evidencian una vez más que en cualquier parte del mundo los Estados intentan presentar terroristas dentro y fuera de los territorios nacionales, no sólo para poder justificar guerras interburguesas sino también para ocultar que nuestro verdadero enemigo es el Capital y el Estado. Es por esto que nos solidarizamos con los compañeros del territorio español, y junto a ellos gritamos: ¡¡¡Terrorista es quien nos condena a una vida de miseria, no quien se rebela contra ella!!!
Tomado de La Oveja Negra nro. 24 (enero, 2014)
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¡¡Ni inocentes ni culpables!!
No está de más el denunciar el acoso de los perros guardianes del capital, los absurdos montajes policiales y todas esas pirulas que muy a menudo intentan meternos para acojonarnos, pero centrarnos en esa temática puede no ser lo más aconsejable. No nos llevemos a engaño: no son casos individuales, ni mucho menos problemáticas ajenas a nosotros mismos, es un ataque colectivo, una ofensiva a nuestra propia clase social, el proletariado. Somos los oprimidos, los que no tenemos nada más que la miseria a la que el capitalismo nos condena en forma en explotación, alienación y opresión. Somos la clase que por su propia naturaleza es opuesta a su mierda de “mundo perfecto” Flaco favor nos haremos si centramos nuestra defensa en la disyuntiva de culpables e inocentes; nadie puede ser inocente en esta realidad impuesta en la que la justicia es una palabra vacía puesta al servicio de nuestros propios explotadores.
Nuestra solidaridad, la única posible, es extender la lucha contra este destino fatal que nos arrastra al abismo, que convierte nuestra existencia en una condena.
Si atacan a nuestra clase nos atacan a todos, si quieren disfrazarlo como un problema individual desenmascaremos su pantomima convirtiendolo en un problema de orden público. Si quieren llenar sus sucias carceles y sus oscuros calabozos, desbordemos las calles y las plazas.
Si quieren forzarnos al silencio, respondamos con un grito que les haga temblar en sus poltronas.
El sábado 20 a las 19h, en la concentración contra la ley mordaza en la plaza de La Escandalera en Uvieu hay convocado un bloque para exigir la liberación de los compañeros.Desde la revista Racaille hacemos un llamamiento a acudir para no solo mostrar la solidadridad con las compañeras presas, si no para dejar claro que no nos van a callar.
Somos la chusma que camina por vuestras calles…
Racaille, 20 de diciembre de 2014
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Prisiones españolas: Solidaridad y lucha
Palabras escritas hace unos meses por algunxs de lxs anarquistas secuestradxs por la Operación Pandora en el Estado español:
Para
quienes luchan la solidaridad no es un concepto vacío alejado de
nuestra capacidad ofensiva y de los conflictos desarrollados en la lucha
misma.
Para quienes luchan la solidaridad no es un “asunto” que
emerge únicamente en “momentos” represivos concretos, porque la
represión no es un “momento” sino parte inevitable y permanente de los
mecanismos del Estado contra quienes se rebelan.
Para quienes
luchan la solidaridad entre quienes se levantan contra la miseria diaria
es una constante que permite crear y mantener lazos combativos que
rompan el cerco del hostigamiento, el aislamiento, la cárcel y/o el
inmovilismo.
Para quienes luchan la solidaridad transciende
fronteras impuestas intentando desbordarlas y destrozarlas a través de
la agitación y la acción.
Para quienes luchan el sentido de la
solidaridad persigue agotar la soledad del encierro, librar una batalla
contra el olvido de nuestrxs compañerxs secuestradxs por los Estados,
evidenciar la lógica del dominio que busca condenarlxs al abandono.
Para
quienes luchan la solidaridad busca traducirse en verdadera intención
que genere gestos de rebeldía que desaten a lxs nuestrxs.
Para quienes luchan ningunx deberá verse solx, ni en prisión, ni en la cárcel a cielo abierto en la que vivimos.
Para quienes luchan, todo esta por decidir, todo está por hacer. Tengamos la iniciativa…
Por todxs lxs compañerxs que con fiereza siguen apostando por la ruptura de todas las cadenas.
La continuidad de la lucha, va por cada unx, va por todxs, hasta que no quede ni un muro en pie.
VIVA LA ANARQUÍA
Para escribir a lxs compañerxs:
Beatriz Isabel Velazquez Davila
Lisa Sandra Dorfer
P. Madrid VII – Estremera
Ctra. M-241 km 5,7
28595 Estremera
Madrid
España
Lisa Sandra Dorfer
P. Madrid VII – Estremera
Ctra. M-241 km 5,7
28595 Estremera
Madrid
España
Alba Gracia Martínez
Noemí Cuadrado Carvajal
Anna Hernandez del Blanco
P. Madrid V – Soto del Real
Carretera M-609, Km 3,5
28791 Soto del Real
Madrid
España
Noemí Cuadrado Carvajal
Anna Hernandez del Blanco
P. Madrid V – Soto del Real
Carretera M-609, Km 3,5
28791 Soto del Real
Madrid
España
Enrique Balaguer Pérez
P. Madrid VI – Aranjuez
Ctra. Nacional 400, Km. 28
28300 Aranjuez
Madrid
España
David Juan Fernández
P. Madrid III – Valdemoro
Ctra. Pinto-San Martín de la Vega, km. 4,5
28340 Valdemoro
Madrid
España
P. Madrid VI – Aranjuez
Ctra. Nacional 400, Km. 28
28300 Aranjuez
Madrid
España
David Juan Fernández
P. Madrid III – Valdemoro
Ctra. Pinto-San Martín de la Vega, km. 4,5
28340 Valdemoro
Madrid
España
Mónica Andrea Caballero Sepúlveda
Ávila-Prisión Provincial
Ctra. de Vicolozano s/n Apdo. 206
05194 Brieva (Ávila)
España
Ávila-Prisión Provincial
Ctra. de Vicolozano s/n Apdo. 206
05194 Brieva (Ávila)
España
Francisco Javier Solar Domínguez
C.P. de Villabona Finca Tabladiello
33480 Villabona-Llanera (Asturias)
España
C.P. de Villabona Finca Tabladiello
33480 Villabona-Llanera (Asturias)
España
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